El entrante gobierno presentará al congreso un proyecto para implementar una regla fiscal que como en la mayoría de países lo que busca es obligar al gobierno a comprometerse con una meta de superávits primarios con el fin de generar ahorro forzoso y poder reducir el nivel de endeudamiento. Este ajuste necesariamente, y para que tenga sentido debería requerir de los gobiernos locales un comportamiento consistente con esta regla. Si los gobiernos locales no hacen nada por tener superávits primarios, el sector público consolidado podría seguir incrementando su déficit en lugar de reducirlo. En este sentido la legislación existente en términos del endeudamiento de los gobiernos locales ha mostrado resultados positvos. No obstante, existen reclamos por parte de los gobernantes locales acerca de las obligaciones y la limitación de recursos con los que cuentan, respaldadas por el hecho que mientras los gobiernos locales producían superávits el gobierno central incrementaba su déficit. En otras palabras, que "Mientras los entes territoriales ahorraban, el gobierno nacional gastaba a manos llenas". El ajuste fiscal propuesto, podría tener impactos negativos sobre la generación de empleo público y privado en las regiones. En el primer caso porque con menores recursos para el gasto público vendrán los recortes en programas y proyectos; en el segundo caso porque habrá menores recursos para contratar obras civiles con empresas privadas. En síntesis, el sector público central y descentralizado generará menor empleo, producto de la regla fiscal. Corresponderá entonces al sector privado la labor de generar empleo de buena calidad en adelante. Colombia es uno de los países en Latinoamérica con la tasa de desempleo más alta, y no ha logrado reducirla inclusive en los mejores momentos de la economía, así que la capacidad del sector privado para generar empleo en las cantidades suficientes que permitan absorber una mayor oferta del mismo no ha sido la mejor. Se requerirá de mayores incentivos a las empresas para generar empleo, lo que en un contexto de ajuste fiscal solo podrá significar exenciones y programas especiales que necesariamente tienen costos en términos de ingresos dejados de recibir por el estado, con la expectativa que se recuperen como producto de un mayor crecimiento.