Competencia en el sector de comidas rápidas en Barranquilla
Una reconocida cadena de restaurantes que cuenta con sucursales en algunas ciudades de la costa y en la capital del país tiene como especialidad la venta de carnes. Más de una persona me ha comentado que desde hace algún tiempo también vende unas deliciosas hamburguesas en sus puntos denominados "express", pero que no lo hace en sus puntos "no-express". Este comentario me sorprendió porque cuando pregunté si en el punto de venta "express" localizado en la zona de comidas de una reconocida cadena de grandes superficies vendian hamburguesas, los vendedores me indicaron que allí no lo hacían pero que sí podría ordenar hamburguesas en el restaurante "no-express" localizado en otro punto de la ciudad. Al parecer, la razón para no vender hamburguesas en ese punto, tiene que ver con que justo en frente del local "express" está localizado otro restaurante que especializa en la venta de hamburguesas, y que por algún mecanismo desconocido para los clientes solo se permite la venta de hamburguesas a esta otra reconocida franquicia. Hasta allí la historia, si bien extraña no pareciera indignante. No obstante, justo al lado del monopolio de las hamburguesas de la plaza de comidas de la reconocida cadena de almacenes, funciona otra reconocida cadena de venta de comidas rápidas que si bien se especializa en la venta de perros calientes, también ofrece hamburguesas en todos los locales donde yo la he visto antes, excepto en el que se encuentra localizado en la plaza de comidas donde la competencia en el mercado de las hamburguesas pareciera estarse restrigiendo. Aquí sucede algo que afecta el bienestar de los consumidores, se está limientando la oferta de un bien, que las franquicias ya producen y venden en otros espacios geográficos, supone uno que con el fin de garantizarle unas ganancias míninas que le permitan al monopolista de hamburguesas seguir operando en ese sitio, y no desaparecer del mercado. En resumen, si algún cliente desea comer las hambuergues que ofrecen las otras dos franquicias no puede hacerlo! y además si sus preferencias por las hamburguesas sobre cualquier alimento susituto fueran bastante fuertes, se vería obligado a comprarle únicamente al monopolista, situación que claramente va en contra del bienestar del consumidor y la competencia.

El asunto, desafortunadamente, no termina allí; resulta que el monopolista de hamburguesas vendía perros calientes antes del ingreso de la franquicia que esta situada justo al lado de su local, pero el ingreso de este competidor no ha hecho que deje de ofrecer perros calientes. En este caso hay un tratamiento asimétrico en términos de un producto similar al anterior; al monopolista de hamburguesas se le permite la venta de perros calientes, pero a la firma cuyo producto principal es la venta de perros calientes pero que entros locales ofrece hamburguesas se le impide la venta de las mismas (Juzgando por el hecho que no lo ofrecen en su menú). En cualquier caso quien pierde es el consumidor, pues la oferta de productos se ve limitada, y como es conocido el monopolista goza de poder de mercado y podría cobrar un precio más alto que en ausencia del monopolio. Las sanciones económicas por esta "posible" violanción a la competencia pueden no darse si estos hechos no se denuncia ante la superintendencia de industria y comercio (SIC), aún cuando sea posible que esta plaza de comidas quede fuera de la jurisdicción de la SIC. Yo particulamente, ante la indignación de no poder disfrutar de la hamburguesa que quería, opté por la "sanción social" de no comprarle al monopolista y en su lugar disfruté de un bien sustituto, aunque imperfecto. Los consumidores debieramos estar atentos a estas prácticas que lo único que hacen es limitar la oferta de bienes y servicios a la que podemos acceder, con el fin de denunciarlas y exigir moyor diversidad y competencia en los mercados donde somos consumidores.

El entrante gobierno presentará al congreso un proyecto para implementar una regla fiscal que como en la mayoría de países lo que busca es obligar al gobierno a comprometerse con una meta de superávits primarios con el fin de generar ahorro forzoso y poder reducir el nivel de endeudamiento. Este ajuste necesariamente, y para que tenga sentido debería requerir de los gobiernos locales un comportamiento consistente con esta regla. Si los gobiernos locales no hacen nada por tener superávits primarios, el sector público consolidado podría seguir incrementando su déficit en lugar de reducirlo. En este sentido la legislación existente en términos del endeudamiento de los gobiernos locales ha mostrado resultados positvos. No obstante, existen reclamos por parte de los gobernantes locales acerca de las obligaciones y la limitación de recursos con los que cuentan, respaldadas por el hecho que mientras los gobiernos locales producían superávits el gobierno central incrementaba su déficit. En otras palabras, que "Mientras los entes territoriales ahorraban, el gobierno nacional gastaba a manos llenas". El ajuste fiscal propuesto, podría tener impactos negativos sobre la generación de empleo público y privado en las regiones. En el primer caso porque con menores recursos para el gasto público vendrán los recortes en programas y proyectos; en el segundo caso porque habrá menores recursos para contratar obras civiles con empresas privadas. En síntesis, el sector público central y descentralizado generará menor empleo, producto de la regla fiscal. Corresponderá entonces al sector privado la labor de generar empleo de buena calidad en adelante. Colombia es uno de los países en Latinoamérica con la tasa de desempleo más alta, y no ha logrado reducirla inclusive en los mejores momentos de la economía, así que la capacidad del sector privado para generar empleo en las cantidades suficientes que permitan absorber una mayor oferta del mismo no ha sido la mejor. Se requerirá de mayores incentivos a las empresas para generar empleo, lo que en un contexto de ajuste fiscal solo podrá significar exenciones y programas especiales que necesariamente tienen costos en términos de ingresos dejados de recibir por el estado, con la expectativa que se recuperen como producto de un mayor crecimiento.